10 de Diciembre 2011
“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.”
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”
“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.”
Lo leído hasta aquí no son propuestas de ninguna de las organizaciones que participamos en este acto, ni se trata de un manifiesto revolucionario. Lo que se ha leído son algunos de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobados por la ONU en 1948 y cuyo 63 aniversario conmemoramos hoy.
La lucha por los Derechos Humanos y el avance en los Derechos Sociales que conocemos como estado del bienestar han recorrido una trayectoria paralela que comienza al acabar la II Guerra Mundial.
Efectivamente, además de acordarse entre las naciones la Declaración Universal de Derechos Humanos, se reconoce la obligación del Estado de hacerse cargo de garantizar las necesidades básicas de las personas: la salud, la educación, la vivienda, la cobertura en casos de desempleo, ayudas familiares y situaciones singulares de necesidad.
Se estableció una suerte de pacto social que se sostenía sobre tres pilares: La obligación de las empresas y fortunas a aportar a través de los convenios y los impuestos, la función negociadora de los sindicatos y la obligación del Estado de redistribuir, al menos en parte, la riqueza de las naciones de los que más tienen a aquellos que se encuentran más desfavorecidos. No eran propuestas revolucionarias sino que, por el contrario, incluso supusieron una validación del propio sistema capitalista.
Ahora, las doctrinas neoliberales consideran que el sistema capitalista ya no necesita justificación alguna, ni siquiera cuando se ha mostrado en toda su crudeza como una inmensa red de estafadores y especuladores.
La propia crisis que han generado, lejos de servir para que se les pongan riendas a los mercados financieros, está sirviendo para romper los discretos avances en derechos sociales que, en buena medida, se han limitado a los países del capitalismo desarrollado. Y respecto a los países ya previamente empobrecidos se están abandonando todos los compromisos de cooperación internacional, dejando además que, en la más absoluta indiferencia, mueran de hambre más de 24.000 personas al día.
En lugar de extraer la concusión de que hay que extender la democracia desde la política a la economía, se está imponiendo la medida de someter la política y la democracia a la economía.
Estamos ante un claro retroceso de los derechos de las personas. Los derechos económicos y sociales no sólo se estancan sino que se recortan brutalmente. Actualmente en el Estado español la situación es dramática para cientos de miles de familias, al haber alcanzado la cifra de 5 millones de parados, muchos de ellos de larga duración y por tanto sin cobertura por desempleo. Y cuando más de 1 millón y medio de familias tienen a todos sus miembros desempleados. La pobreza y la exclusión social se extienden rápidamente mientras las coberturas económicas, sanitarias y educativas se ven sometidas a continuos recortes. Mientras se amenaza con privatizarlas. Precisamente cuando más las necesitamos.
La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, dice el artículo 21 de la DUDH. Pero en estos momentos estamos corriendo el serio peligro de perder incluso la validez de nuestros derechos políticos, la devaluación de nuestra capacidad de elegir o la eficacia de lo que decidimos porque, al final, serán el mercado, las multinacionales o los bancos quienes decidan.
La modificación de la Constitución Española para poner un techo constitucional al déficit sin consulta popular mediante referéndum, o el nombramiento en Europa de gobiernos pretendidamente tecnócratas, no por expresión de la voluntad del pueblo expresada en las urnas, sino por imposición de los mercados pretendiendo “tranquilizarlos”, son brutales señales de alerta que tenemos que tomarnos con enorme seriedad pues se está poniendo en peligro la existencia misma del sistema democrático.
No podemos aceptar el camino que nos están marcando los mercados, bancos y especuladores, porque es una crueldad para la inmensa mayoría de la población, supone un severo retroceso en derechos y además es una insensatez pensar que se puede mantener indefinidamente este sistema de chantaje y extorsión.
No aceptamos que el Estado dimita de su responsabilidad de garantizar los derechos de las personas, no aceptamos que las necesidades de salud o la educación de las personas se conviertan en materia de negocio privado. No aceptamos que los mercados decidan sobre las cuestiones esenciales de nuestras vidas; si tenemos casa o si tenemos trabajo. No podemos tolerar que los mercados sean los dueños de nuestras vidas.
Dice el artículo 28 de la DUDH: “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.
Debemos tener presente que no hay proclamación responsable de los Derechos Humanos si no es defendiendo a los más necesitados, aliviando su sufrimiento y restaurando su dignidad.
En el día de los Derechos Humanos, estamos aquí pues para recordar que es la dignidad de las personas, que son las personas quienes deben estar en primer lugar, que hay que sacudirse el yugo y la dictadura de los poderosos para poder construir una sociedad de solidaridad, de justicia y respetuosa con los derechos de todos y todas.
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