EL DERECHO PENAL COMO EXCUSA DE LOS GOBIERNOS TORPES E INCAPACES

Hay dos tipos de Gobierno a los que les encanta legislar a golpe de derecho penal: los de los regímenes dictatoriales, que se basan en la negación de los derechos democráticos y la consiguiente represión de los mismos, y aquellos que -aun cuando de origen formalmente democrático- acuden a la expansión del derecho penal ante su incapacidad de resolver los problemas sociales, o su torpeza en gestionarlos.
El gobierno que venimos padeciendo quiere inscribirse en ésta última categoría, a tenor del anuncio realizado por el ministro del Interior hace unas semanas de la voluntad del gobierno de reformar el Código Penal para endurecer las penas y crear nuevas figuras delictivas en los llamados delitos contra el orden público. Ha utilizado como excusa los incidentes puntuales ocurridos en Barcelona tras el 29-M. Pero ya hizo insinuaciones en tal sentido tras la patente torpeza gubernativa en la gestión de las anteriores manifestaciones en principio de origen estudiantil en Valencia.
Digo excusa porque cualquiera que conozca la regulación actual del Código Penal sabe que sanciona –y con graves penas- a quienes participen en una manifestación provocando lesiones a las personas, daños en las propiedades, u obstaculizando las vías públicas de manera peligrosa para quienes circulan por ellas (delito de desórdenes públicos, art. 557 CP, hasta tres años de prisión), o a quienes en tales actos agredan a la policía (delito de atentado, arts. 550 y 551.1 CP, hasta tres años de prisión), o, más aún, si la agresión a la policía se hace con armas u otro medio peligroso (hasta cuatro años y seis meses de prisión, art. 552 CP). Desde luego, si en Barcelona se produjeron hechos delictivos como los aludidos por el ministro del Interior, no puede decirse sin faltar a la verdad que con la regulación actual del Código Penal la policía carezca de instrumentos legales para detener y poner a disposición judicial a los autores de tales hechos.
Otra cosa es que el gobierno quiera aprovecharse de incidentes puntuales protagonizados por una minoría para criminalizar el propio ejercicio del derecho de manifestación: haciendo una legislación penal de excepción cuando tales conductas de extralimitación no son en modo alguno la regla; o resucitando el derecho penal de autor del régimen nazi con el castigo penal de quienes convoquen manifestaciones a través de Internet o las redes sociales que después deriven en actos violentos; amén de otros disparates jurídicos cuyo comentario excede el propósito de este escrito.
Pero más allá de lo expuesto, resulta especialmente preocupante que el ministro del Interior haya dicho que se pretende equiparar la mera resistencia pasiva al delito de atentado, porque -pendientes de la concreción final de la anunciada reforma- se pretende intimidarnos en el ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación –seguramente ante la que se le viene al gobierno encima-, criminalizando la esencia misma de tal derecho que se expresa a través de la resistencia pacífica no violenta. Desde Gandhi, pasando por Martin Luther King, y llegando a las expresiones actuales mayoritarias de las manifestaciones ciudadanas, la resistencia pacífica propia de la desobediencia civil constituye un derecho inalienable de las personas que, ni debe ser restringido por ningún gobierno, ni podrá serlo por el actual, porque ya nos encargaremos los ciudadanos y ciudadanas de este país de impedirlo.
Tenemos memoria. Nunca la represión penal ha servido contra la desobediencia civil, que ya fue empleada con éxito hace ya más de dos décadas por el movimiento antimilitarista y de objeción de conciencia en el Estado español: sucesivos gobiernos endurecieron la represión penal de la objeción de conciencia, pero no sólo no la eliminaron, sino que consiguieron su incremento hasta que finalmente otro gobierno –curiosamente del mismo signo que el actual- hubo de poner fin al servicio militar obligatorio.
Frente a la pretensión del gobierno actual de restringir el derecho de reunión y manifestación, a los ciudadanos y ciudadanas titulares de tal derecho nos corresponde ejercerlo, hoy más que nunca, porque la grave crisis económica que padecemos -pese a no haberla creado-, y las medidas del gobierno para afrontarla restringiendo derechos sociales y económicos de la mayoría de la población, imponen que expresemos una amplia respuesta de dignidad ciudadana. Ni este gobierno, ni ningún otro, va a impedir que expresemos pacíficamente nuestra indignación en nuestras calles y plazas.

Juan María Expósito Rubio. Abogado. Ciudadano progresivamente indignado.